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Foto: Butti Photos / TDN
En el marco de un cambio de régimen económico nacional orientado al superávit fiscal y a la contención inflacionaria, la provincia de Tucumán impulsa un modelo de desarrollo enfocado en la atracción de capitales privados y el sostenimiento de los servicios esenciales. Durante su intervención institucional, el ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, precisó que la administración provincial asume un rol facilitador donde el Estado garantiza la educación, salud, seguridad y desarrollo social, mientras que el sector privado lidera la generación de empleo y riqueza. Para respaldar esta estrategia, el funcionario anunció el envío a la Legislatura de dos iniciativas clave —la creación de Parques Industriales, Comerciales y de Servicios Privados y la conformación de un Fondo de Garantías junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI)— y fundamentó el gasto tributario de $110.000 millones anuales en incentivos fiscales. Asimismo, Abad definió la posición política del Gobierno provincial ante la administración central, la marcar una clara distinción entre el acompañamiento a las medidas que hacen a la institucionalidad del país y el firme rechazo a los recortes que impactan sobre la población.
La exposición del titular de la cartera económica tuvo lugar durante las jornadas del Mes de la Industria 2026, organizadas por la Unión Industrial de Tucumán (UIT) en las instalaciones del Hotel Catalinas de San Miguel de Tucumán. La convocatoria se estructuró bajo el concepto “Industria que transforma. Territorio. Personas. Futuro”, reuniendo a empresarios, autoridades gubernamentales, especialistas e instituciones académicas con el objeto de discutir la competitividad regional, la innovación tecnológica y la articulación público-privada. La disertación y entrevista pública del ministro se desarrolló dentro del bloque dedicado a anticipar las transformaciones económicas de la provincia y contó con la moderación del periodista Marcelo Aguaysol.
Al iniciar su análisis sobre la coyuntura nacional, Abad explicó que la Argentina atraviesa un giro estructural respecto al modelo productivo tradicional. Al describir esta transformación macroeconómica, el ministro señaló de forma abarcativa: “Al poco tiempo nos dimos cuenta de que la Argentina se enfrentaba a un cambio de régimen. ¿Qué significa esto? Significa que la Argentina venía, después de muchos años, trabajando en la fórmula del PBI poniendo el eje sobre el consumo y la demanda... Hoy, sin privilegios, por un lado está la inflación y el superávit fiscal, y por otro lado las actividades extractivas como Vaca Muerta, petróleo, energía y gas”.

Frente a este escenario, el funcionario remarcó la necesidad de diseñar un plan provincial adaptado a la realidad territorial tucumana, caracterizada por la ausencia de recursos mineros o hidrocarburíferos de escala, pero fortalecida por su capital humano e industrial. En ese sentido, expuso: “Tucumán es una provincia que no tiene litio, no tenemos petróleo, no tenemos energía masiva; pero sí tenemos mano de obra, tenemos universidades y una fuerte agroindustria. Nos propusimos ampliar la matriz productiva y poner el foco en una cosa sencilla: nosotros nos dedicamos a gobernar la provincia garantizando los servicios básicos —educación, salud, seguridad y desarrollo social— y el sector privado tiene que crecer. La tarea nuestra es tratar de facilitarla; el Estado no es empresario”.
Aumento de la demanda social, gasto tributario y alivio a la coyuntura
Al abordar la administración de los recursos fiscales, Abad justificó el volumen del gasto público a partir del incremento de vecinos que recurren a la contención estatal como consecuencia de la crisis económica. En un desglose detallado sobre la presión asistencial en Tucumán, el ministro precisó: “Tucumán tiene un crecimiento del gasto público derivado de la demanda: desde enero a la fecha, la demanda en salud pública creció un 42%, obligándonos a poner turnos a la tarde para realizar cirugías. Además, aumentó un 22% la cantidad de chicos que pasaron de la escuela privada a la escuela pública. Eso nos obligó a ampliar la oferta sanitaria y educativa”.
A pesar de esta exigencia presupuestaria, el titular de Economía remarcó que la provincia sostiene una fuerte política de incentivos para la producción: “Invertimos anualmente $110.000 millones en reducción de alícuotas y exenciones tributarias para sectores clave como el citrícola, el azucarero y el de cartón, que pagan alícuotas del 1,5% o están exentos de Ingresos Brutos y Salud Pública”.
En relación con los obstáculos de infraestructura, Abad detalló las gestiones entabladas para resolver la provisión de gas natural en el Norte y la urgencia de avanzar en una nueva Ley de Biocombustibles. Sobre el abastecimiento energético, informó que la provincia trabaja con la Nación para destrabar la obra del gasoducto que demanda una inversión de 20 millones de dólares, al tiempo que destacó la sanción de la Ley de Fomento a las Inversiones, anunciando que el Grupo Luque se convirtió en la primera firma en adherir formalmente al régimen para expandir su producción de bioetanol.

Durante su intervención, el ministro anunció el ingreso a la Cámara legislativa de dos proyectos de ley elevados con la firma del gobernador Osvaldo Jaldo para dinamizar el crédito y la radicación de empresas.
El primer texto contempla la creación de Parques Industriales, Comerciales y de Servicios Privados, diseñados para generar sinergia operativa e infraestructura compartida. Al respecto, Abad detalló: “Enviamos un proyecto para la creación de parques industriales privados, pero no tan solo industriales, sino comerciales y de servicios. Permitirá que en predios privados se genere sinergia en el uso de transformadores de luz, plantas de gas o pozos de agua como en un consorcio. Quienes desarrollen estos parques y quienes se radiquen allí contarán con beneficios fiscales de exención en el Impuesto Inmobiliario y en el Impuesto de Sellos”.
La segunda iniciativa establece la constitución de un Fondo de Garantías junto al CFI, dotado con una partida inicial de $2.000 millones ($1.000 millones aportados por la provincia y $1.000 millones por el CFI). Este instrumento permitirá a las PYMEs acceder a financiamiento a tasas bonificadas evaluando el flujo de fondos y la viabilidad del proyecto, sin las exigencias de garantías hipotecarias tradicionales. Asimismo, en materia fiscal local, aclaró que los saldos a favor en Ingresos Brutos corresponden a declaraciones juradas anuales y confirmó la emisión de certificados de crédito fiscal en plazos de 15 a 20 días.
Posicionamiento político ante la Nación
En el tramo final de la entrevista, Abad explicitó los criterios que rigen la relación institucional entre el Gobierno de Tucumán y el Poder Ejecutivo Nacional. El funcionario remarcó que la postura dialoguista de la gestión provincial busca proteger el bienestar general, pero fijó límites infranqueables ante las medidas de ajuste sobre sectores vulnerables.
En una declaración amplia y categórica sobre el rol político del gobierno jaldista, Abad manifestó: “El Gobernador decidió ser dialoguista en aquellos temas que hacen al bien común de la Nación, bajo la premisa de que si le va bien a la Nación, le va bien a Tucumán. Así apoyamos la Ley Bases tras lograr que se retiren los perjuicios a la industria azucarera y citrícola. Todo lo que tiene que ver con la institucionalidad política del país, beneficio para la Argentina y para Tucumán, sí lo vamos a apoyar. Ahora, todo lo que tiene que ver con la gente, no. El Gobierno de Tucumán y sus legisladores no apoyaron los recortes a las universidades, no apoyaron el tema de los jubilados ni el de los discapacitados. ¿Por qué? Porque defendemos a la gente”.
Finalmente, el titular de la cartera económica anticipó que la provincia trabaja en nuevas herramientas legislativas para potenciar el desarrollo productivo y turístico de los Valles Calchaquíes y avanzar en la exploración minera autorizada por el marco normativo provincial.